Violencia política y erosión democrática: América Latina ante el riesgo de nuevas crisis (2025–2030)
El atentado contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe (junio de 2025) confirma una tendencia preocupante en América Latina: el aumento de la violencia política como mecanismo de disputa del poder. Este artículo analiza, desde una perspectiva académica y comparada, los factores estructurales que configuran escenarios de crisis en la región para los próximos cinco años. Se identifican cuatro ejes de riesgo —violencia electoral, captura criminal del Estado, desafección democrática y polarización— y se argumenta que, de no ser atendidos, estos fenómenos pueden conducir a un retroceso democrático significativo en la región.
- Introducción
América Latina atraviesa un período de profundas tensiones sociales y políticas. El reciente atentado contra Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial colombiano, no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de debilitamiento institucional, violencia contra figuras públicas y creciente desconfianza en la democracia. La región, que ha sido laboratorio de avances democráticos y retrocesos autoritarios, se enfrenta nuevamente al desafío de sostener su estabilidad en un entorno de fragmentación social, crimen organizado y liderazgos populistas.
- La violencia política como síntoma de descomposición
Ecuador vivió una experiencia trágica en 2023 con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Estos hechos remiten a lo que Levitsky y Way (2010) denominan autoritarismo competitivo, donde las formas democráticas se mantienen, pero las prácticas se distorsionan bajo presiones externas e internas.
- Factores estructurales de las futuras crisis
La expansión del crimen transnacional en México, Colombia, Ecuador y partes de Centroamérica ha provocado la ocupación territorial de zonas sin control estatal. La criminalidad organizada ha dejado de ser subterránea para volverse institucional.
3.2. Polarización y desafección democrática
3.3. Fragilidad institucional y liderazgo personalista
En al menos ocho países de la región, los presidentes han impulsado reformas constitucionales para ampliar sus mandatos o debilitar organismos de control. Esta tendencia de concentración del poder, si bien legal en muchos casos, socava la lógica de frenos y contrapesos y aumenta la posibilidad de crisis políticas cuando los sistemas no logran contener el conflicto.
- Escenarios de riesgo para 2025–2030
| Escenario | Riesgo clave | Consecuencia probable |
|---|---|---|
| Aumento de atentados políticos | Infiltración criminal en campañas electorales | Desmovilización ciudadana, miedo |
| Reelecciones forzadas | Concentración del poder | Conflictos constitucionales, protestas masivas |
| Migraciones regionales masivas | Crisis humanitarias prolongadas | Presión sobre sistemas de salud, seguridad y empleo |
| Fragmentación estatal | Ocupación criminal del territorio | Gobiernos paralelos de facto, pérdida de soberanía |
Este fenómeno ha sido documentado en zonas de México, Colombia, Venezuela, Brasil y Centroamérica, donde estructuras criminales actúan como gobiernos paralelos de facto. Su consolidación erosiona la legitimidad del Estado y produce una soberanía compartida o directamente desplazada. La consecuencia más grave no es solo la pérdida territorial, sino el debilitamiento del contrato social: el ciudadano ya no percibe al Estado como garante de sus derechos, sino como un actor ausente o subordinado a poderes informales.
Para el período 2025–2030, este riesgo podría intensificarse por la convergencia de factores como:
- crisis fiscales y recortes en seguridad pública
- degradación institucional
- corrupción endémica
- avance tecnológico del crimen transnacional
Si no se mitiga, puede conducir a la consolidación de “zonas liberadas” donde no rige la ley nacional, afectando la gobernabilidad, el desarrollo y la inversión.
- Recomendaciones desde la comunicación política
Las democracias no se sostienen solo por reglas, sino por narrativas. Es fundamental que los liderazgos construyan relatos de sentido colectivo que revaloricen la participación, el bien común y la dignidad política frente a la lógica del miedo o del odio.
Se requiere una comunicación clara, honesta y frecuente sobre decisiones públicas, especialmente en contextos de crisis. La "verdad comunicada" fortalece la resiliencia institucional.
La polarización puede atenuarse si desde la comunicación se promueve una escucha activa, encuentros plurales, y una estrategia mediática que desincentive el conflicto performativo.
Urge implementar observatorios de integridad informativa, fortalecer las alfabetizaciones digitales y entrenar a voceros públicos para reaccionar con rapidez y rigor frente a las fake news.
Incluir a movimientos sociales, organizaciones comunitarias y medios independientes en la construcción de agendas genera legitimidad compartida y evita la captura discursiva por parte de sectores extremistas.
América Latina enfrenta una encrucijada. El atentado a Miguel Uribe es una advertencia concreta: el retroceso democrático no siempre ocurre con golpes de Estado, a veces se da de forma silenciosa, bajo la forma de miedo, resignación o complicidad. Para evitar una nueva ola de crisis políticas y sociales, se requiere más que reformas: hace falta una nueva ética de lo público, un pacto regional por la democracia y un liderazgo que no tema enfrentarse al poder cuando este corrompe. La comunicación política, entendida como herramienta de construcción democrática y no solo electoral, será decisiva en ese desafío.
